Este trabajo analiza la polémica por la creación de la Academia Canaria de la Lengua. Se adopta una perspectiva glotopolítica que considera las descripciones lingüísticas institucionales comointervenciones en el espacio público del lenguaje para mantener poder y organizar órdenes sociales específicos. Se examinan los antecedentes del estudio del español atlántico y el español en Canarias en la Universidad de La Laguna desde los cincuenta hasta los noventa y se observa un quiebre en los discursos de lengua que construyen el español de Canarias como un símbolo de identidad, resultado de la dinámica del cuasi–nacionalismo en el estado de las autonomías. La necesidad de la Academia Canaria de la Lengua funcionaba como parte de la retórica del abandono del estado y se establecía en términos de reparación de un trauma sociolingüístico que se solventaría con la acción de los filólogos.

Nota de autor 1

Nota de título 2

El 20 de marzo de 1996 tuvo lugar en el Parlamento de Canarias el último debate asociado a la polémica por la creación de la Academia Canaria de la Lengua, auspiciada por el gobierno regional en 1999. La polémica –sobre si era una estrategia política, o necesaria, si debía pertenecer a otra institución o si debía llamarse academia– había surgido en los años noventa en una comunidad autónoma sin pasado previo de institucionalización de su cultura propia como Cataluña, Galicia y el País Vasco. Además de otras variedades del país y de fuera y de otros idiomas, en Canarias se habla una variedad de castellano en siete islas, las protagonistas del español atlántico, la teoría desarrollada por la escuela de Madrid para describir el origen del llamado español de América.

Ese debate parlamentario ponía fin a una batalla que había comenzado dos años antes, que había salido en los periódicos nacionales, que había alarmado al director de la Real Academia Española (RAE 1992), que había establecido una batalla de autoridades y que había provocado que toda la cámara parlamentaria rechazase el proyecto unánimemente. El debate del veinte de marzo de 1996 fue sintomático de los años noventa en Canarias, que fueron testigo de una confluencia de circunstancias históricas, sociopolíticas y culturales relevantes. Ya para el año 1993 habían transcurrido más de diez años de autonomía; se había fundado la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; las publicaciones sobre el habla habían alcanzado un número considerable; se había celebrado el relato del descubrimiento del quinto centenario; la RAE había publicado su vigésima primera edición del diccionario cooperando con las “academias hermanas” de América y, lo más significativo, se había formado el partido cuasi–nacionalista Coalición Canaria (CC), que gobernó la comunidad autónoma de Canarias desde ese año hasta 2019.

La Academia Canaria de la Lengua (ACL), la institución pública del gobierno canario que elabora diccionarios de canarismos, orienta al profesorado sobre cómo enseñar lengua y ejerce un rol catalizador en la opinión pública sobre el español de Canarias como un símbolo de identidad, es la única academia de español en España que no es la RAE y es la única que no pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española. En este artículo defiendo que la ACL es un proyecto político de mayor envergadura desarrollado dentro de la dinámica del estado de las autonomías, concebido para simbolizar una singularidad cultural propia, y como una institución que naturaliza la necesidad de las elites lingüísticas de Canarias. Hago una lectura crítica (evidencio y cuestiono estructuras de poder) de los discursos de elites que producen y naturalizan cotidianamente “desde arriba” a la nación y/o región por medio de una instrumentalización del rol del lenguaje y de las descripciones metalingüísticas en la concepción de comunidades imaginadas (Anderson 2006; Archilés 2008).

Adopto una perspectiva glotopolítica para examinar por qué una determinada sociedad necesita un debate sobre lengua en su proceso de organizarse políticamente, ya que identifica el contexto donde convergen las representaciones lingüísticas y la construcción de identidades nacionales. Como la plantean sus promotores originales (Marcellesi y Guespin 1986) y otros análisis críticos sobre las representaciones ideológicas del español (Arnoux 2000, 2016; Arnoux y Del Valle 2010; Castillo–Rodríguez y Morgenthaler García 2016; Chaves–O’Flynn 2019; Del Valle 2007, 2014, 2016, 2017, 2019; Lauria 2017; Valdez 2015; Villa 2016), la glotopolítica neutraliza la oposición saussureana entre lengua y habla porque el lenguaje es inseparable de su contexto social; permite estudiar la interrelación de los procesos sociopolíticos con el ámbito lingüístico y analiza los hechos del lenguaje en los que la acción de la sociedad reviste la forma de lo político.

La glotopolítica evidencia la higiene verbal (Cameron 1995) inherente de los humanos, la necesidad social de inmiscuirnos en cuestiones lingüísticas, que anula la diferencia entre descripción y prescripción pues ambas son intervenciones sobre el lenguaje. Al examinar las condiciones materiales de esas intervenciones, la glotopolítica sitúa en el centro de su análisis sobre el lenguaje cuestiones de poder, autoridad y legitimidad, por lo que este ya no se define como una entidad fija y autónoma, sino como “una entidad dinámica en constante relación dialógica con el contexto” (Del Valle 2007: 14). Es decir, entiende lenguaje en el modo en que se habla de él (Joseph 2006: 20). La glotopolítica muestra los intereses por generar y mantener poder de las intervenciones en el espacio público del lenguaje que participan en la transformación de las sociedades (Arnoux 2016), y toma en cuenta su papel en la construcción de subjetividades (Lauria 2017).

En el presente artículo dirijo la perspectiva glotopolítica hacia una serie de textos que interpreto como discursos emergentes dentro de las condiciones de la etapa autonómica que propiciaron una conversación sobre lengua, identidad y la necesidad de instituciones propias. Aunque algo explorados (Medina López 2007), no me interesan los esfuerzos puntuales por reclamar una cultura canaria regional particular dentro del regionalismo decimonónico español (Zerolo 1889). Me interesa, por una parte, la institucionalización sistemática del español hablado en Canarias, inaugurada con los académicos de la escuela de Madrid en la Universidad de La Laguna a mediados del siglo veinte. Y, por otra, rastrear el porqué de la fijación con lo americano y la unidad trasatlántica del español en la reflexión oficial de la identidad canaria. En la actualidad no hay suficientes estudios que examinen críticamente las intervenciones sobre lenguaje en Canarias. Mi perspectiva se asemejaría más al trabajo sobre el español de Andalucía de Rodríguez Iglesias (2019 ) o sobre el gallego de Del Valle (2003 ).

Esta crónica expone el perfil político que han tenido las descripciones de la variedad canaria. Con ello demuestro la producción de la hispanidad o extensión de España en el trabajo de Manuel Alvar y Diego Catalán, así como la política identitaria de los trabajos de la ULL en los ochenta y noventa a partir de Algunas características de las hablas canarias de Ramón Trujillo de 1981. Este texto es el discurso fundador (Orlandi 2003) de la lingüística canaria, en el sentido de que sienta las bases de los conceptos e ideas sobre el español canario que se citarán y se renovarán en el futuro. Me ciño solo a aquellos trabajos autorados por los profesores de la Universidad de La Laguna que serán los primeros miembros de la ACL: Ramón Trujillo, Antonio Lorenzo Ramos (1988), Carmen Díaz Alayón, Marcial Morera y Gonzalo Ortega Ojeda 3 . He tenido que seleccionar por razones de extensión. Por ello no menciono los Simposios Internacionales de Lengua Española organizados por Manuel Alvar en Las Palmas de Gran Canaria en 1978 y 1981 respectivamente, aunque exhiban discordancias ideológicas entre Alvar y Salvador con respecto a la valorización de las hablas regionales (Alvar 1981; 1984).

Mi crónica culmina con la polémica del mes de marzo de 1996, por lo que no analizo todo lo que pasó después, como el undécimo congreso de la ALFAL que organizaron José Antonio Samper Padilla y Manuel Alvar en Las Palmas de Gran Canaria en julio de ese año. Tampoco toda la acción política de la ACL después de su fundación hasta el día de hoy. Lo que más

me interesa es tener una idea cabal del primer gran esfuerzo por construir y legitimar la institucionalización propia en los catorce primeros años del período autonómico. En términos glotopolíticos, en marzo de 1996 termina una época de batallas del idioma en Canarias. Siempre escrutados desde la lupa crítica, los textos sobre el quinto centenario, la prensa y los

diarios del Parlamento descubren la condición política de los discursos metalingüísticos en Canarias, siempre en diálogo con su contexto específico y nunca atemporales ni naturales.

Este examen glotopolítico sobre Canarias propone una lectura innovadora sobre la gestión de los nacionalismos, regionalismos y de la diversidad cultural en España, y elucida una intersección entre los proyectos de institucionalización propia en el estado de las autonomías y la dimensión ideológica del proyecto panhispánico español. ¿Por qué un partido político que acababa de llegar al gobierno favorecía la fundación de una academia de la lengua? ¿Por qué se la consideró un tema de polémica? ¿Por qué, ante todo, la cuestión lingüística había terminado por acaparar el discurso oficial de la identidad en Canarias, cuando antes nunca había existido de esa manera?

A unas ochenta millas al oeste de la costa marroquí, las Islas Canarias son una región de fiscalidad especial por su insularidad y lejanía desde que Castilla terminó la conquista y colonización que terminó con la cultura de los genéricamente llamados guanches, su población local. El archipiélago canario ha mantenido una relación de dependencia económica con el exterior y, desde el siglo diecinueve, a una elite burguesa insular –sobre todo de Tenerife– preocupada por perpetuar el poder regional mediante su mediación con Madrid. Canarias es conocida por tener dos capitales, Santa Cruz de Tenerife, que había sido la capital de la provincia única, y Las Palmas de Gran Canaria, la pujante ciudad portuaria que siempre ha intentado desarticular la hegemonía política de su vecina de enfrente 4 . Esa tirantez entre las dos islas capitalinas es lo que en la historiografía canaria se conoce como el “pleito insular” (Guimerá Peraza 1979), al que fácilmente se le puede atribuir la mayoría de decisiones políticas relevantes de la historia contemporánea de Canarias. Por el pleito insular, en una relación de quid pro quo, el gobierno central escindió la provincia única en 1927 en dos para crear la provincia de Las Palmas, al tiempo que dotaba a Tenerife de su reivindicado distrito universitario, la Universidad de La Laguna (ULL) (Núñez y Muñoz 1998–2000).

Aunque la insularidad ha sido una de las características más definitorias de sus discursos de identidad, Canarias, como otras regiones del estado, con la excepción de Cataluña, Galicia y el País Vasco, nunca había gozado de un estatus de comunidad histórica, es decir, de un pasado autonomista y de instituciones propias anterior al golpe de estado del 36, la guerra y la dictadura. Al morir Franco y ponerse en funcionamiento el proceso descentralizador de la Transición, Canarias, como el resto de regiones, pudo beneficiarse de los poderes de autonomismo que otorga la Constitución de 1978.

La Transición no fue convulsa porque no se derrocó al general Franco, su gobierno se extinguió y los artífices de la transición a la democracia fueron ministros del franquismo. Esto hizo que la carta magna esté llena de contradicciones internas y que la arquitectura del estado sea asimétrica (Núñez Seixas 1996, 2013; Balfour y Quiroga 2007). Escrita en la capital y negociada con las elites nacionalistas catalanas y vascas, la Constitución intentaba dotar de autonomismo a sus pueblos en una nunca apagada tensión con el homogeneísmo del nacionalismo español. En un país multilingüe y con un sinfín de variedades, a los redactores de la Constitución les urgía una prescripción lingüística con carácter nacional al declarar que “el castellano es la lengua española oficial de Estado”. No olvidaba, por ello, el poder conglomerador del regionalismo español, que naturaliza la idea de España como la suma de todas sus partes al declarar que la “riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección” (Constitución española de 1978, Artículo 3).

Daba comienzo el régimen de una España liberal, europea y global (Del Valle 2019), con una máquina política–cultural en la que el rol de la lengua vehicula tanto el relato de unidad del español como patria común, como el capital simbólico de España en sus relaciones de mercado con Europa y, reestableciendo relaciones coloniales, con América Latina.

La asimetría de la Constitución se manifiesta en las condiciones que establece para acceder a la autonomía. Se puede acceder por medio de la vía rápida o artículo 151, que invoca el pasado autonomista de Cataluña, Galicia y el País Vasco, y por la vía lenta o artículo 143, que abarca al resto de regiones sin capítulos previos de autonomía. Los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco se promulgaron en 1979, mientras que el resto de autonomías se ratificaron a partir de 1981, como el de Andalucía. El estatuto de Canarias se aprobó en 1982 emulando la vía rápida al reconocerse sus derechos históricos económicos y fiscales derivados de la lejanía y la insularidad, que recoge la Constitución en su Disposición Adicional Tercera. Se trataba de una situación inédita en la que las regiones no históricas podían desarrollar sus instituciones propias a través de los usos de la historia.

Esto ha conducido a que se haya desarrollado una activación de discursos de política identitaria anclados en las matrices discursivas del nacionalismo catalán, del nacionalismo vasco y del nacionalismo español, y ligados a una doble competición, por mayores competencias propias (fiscales, patrimoniales, estructurales, educativas), y por los fondos del estado y de

la Unión Europea. Balfour y Quiroga (2007) llaman “cuasi–nacionalismo” a esta construcción de su propia narración de origen que comenzaron las comunidades no históricas con la intermediación de sus elites regionales asociadas a departamentos universitarios, que buscaban consolidar poder pero que, al contrario que el nacionalismo catalán o vasco, nunca reproducían

discursos de autodeterminación.

Durante la primera década de autonomía canaria surgieron nuevos proyectos editoriales en la sociedad civil que contribuyeron a desarrollar articulaciones de identidad propia. Trazaron un arco desde la heterogeneidad de las anteriores configuraciones de lo canario como la poesía, la historia, el mar, la flora, la fauna, la agricultura o la arqueología, hasta el nuevo interés por el estudio del léxico y la forma de hablar, característico de las matrices discursivas de los nacionalismos preexistentes.

Los primeros gobiernos de Canarias fueron de dos formaciones estatales. De 1978 a 1982 (y un paréntesis entre 1987 y 1991), del partido de centro– derecha Unión de Centro Democrático o UCD, hoy desaparecido. El otro, de centro–izquierda, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de 1982 a 1993. La colaboración de ambos partidos posibilitó el Estatuto de Autonomía de Canarias. Muchos de los integrantes de UCD se situaron en agrupaciones nuevas de políticas conservadoras e insularistas, desde y para el pleito insular, relacionadas con la nacionalidad diferenciada de las matrices discursivas del nacionalismo catalán, español y vasco, e influidas por el auge de los nuevos regionalismos (Santana Pérez et al. 2003: 278). Estos nuevos partidos, liderados por la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), se asociaron con empresarios y entidades similares de islas de ambas provincias para ocupar el espacio electoral dejado vacante por los dos partidos de carácter estatal y hacerse con el dominio regional a través de un partido cohesionador que no dependiera del estado. Ese proyecto era el nuevo partido Coalición Canaria (CC), formado para ganar las elecciones de 1993. Su proyecto político se alejaba, sin embargo, de posiciones sobre más autogobierno, autonomía fiscal, o menos presencia del estado, y pedía más subvenciones en las islas a cambio de apoyos puntuales a la estabilidad parlamentaria del partido que gobernara el país en ese momento. Pomares Rodríguez lo llama el “pragmatismo aideológico” de Coalición Canaria (2018: 22).

Este pragmatismo aideológico se notaba en su objetivo de integrar en la conciencia social el discurso de abandono, desprecio y ninguneo de las necesidades locales por parte del estado, que era compatible con el servilismo hacia el poder estatal, en condiciones de elaborar y distribuir los presupuestos (Pomares Rodríguez 2018: 325). CC huyó de no ser identificado como un proyecto nacionalista, porque no quería asustar a sus posibles votantes de corte conservador, reproduciendo la visión del nacionalismo español de que los movimientos políticos “periféricos” con fines de autogobierno son un peligro para la unidad de España. Este lenguaje se ve en su Manual de Campaña, una publicación de prohibida reproducción de la que solo se hicieron catorce copias en papel, que contenía los términos que los candidatos tenían que emplear. Hacía hincapié, por ejemplo, en usar, en vez de “independentista” o “nacionalista”, solo el concepto de “canariedad, buscando las palabras que más sumen y menos resten, que más respaldo y menos rechazo social concitan” (citado en Pomares Rodríguez 302). Por ejemplo:

No debe importar un amplio uso de las palabras España o español, y no de Estado o estatal, para no provocar el rechazo de numerosos votantes potenciales, dispuestos a respaldar una fuerza canaria pero no un grupo segregacionista, siquiera semánticamente. Utilizar ESTADO ESPAÑOL en vez de ESPAÑA es dar armas y argumentos al adversario (citado en Pomares Rodríguez 302; mayúsculas en el original).

Según el Manual, los candidatos tenían que usar las “palabras fetiche de la campaña” (“Canarias, Unidos, Más, votar, España”) hasta que les salieran “llagas en la boca” (301), y prescribía sin ambigüedad que

No se dice nacionalismo, se dice canariedad, orgullo de ser canario,

defensa de Canarias.

Cuando nos referimos a Canarias, no se dice nación, sino región o

archipiélago, o nuestra tierra.

No se dice autogobierno, se dice Autonomía.

No se dice Estado Español, se dice España.

No se dice autodeterminación. No se dice y punto (citado en Pomares

Rodríguez 294–295) 5 .

Desde el texto de la Constitución española hasta el Manual de Campaña de CC, las reflexiones sobre la identidad propia han tenido que pasar por una criba de léxico. En este caso, CC quería evitar a toda costa que la asociaran con movimientos de autodeterminación como el nacionalismo catalán, pero también, más cerca de casa, como el nacionalismo pro–africanista anti–español del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario o MPAIAC, fundado en 1964 y disuelto en 1979.

Se percibe la falta de solidaridad que CC tiene con las configuraciones de autodeterminación del nacionalismo catalán o vasco. Resulta irónico porque en el siglo diecinueve había sido la solidaridat catalana la que había seducido a las elites regionales de fuera de Cataluña a que desarrollaran instancias de reflexión de lo propio (Núñez Seixas 2001) que, en el caso de Canarias, se había tratado del regionalismo anti–divisionista de las elites tinerfeñas (Melián González 1992).

Lo más revelador de este Manual es que se refiera a las palabras como armas y a que mencione que ni siquiera “semánticamente” se pudieran permitir el lujo de que sus votantes confundieran su proyecto con una aspiración separatista –que se veía como una deslealtad a la nación española y lo que esta reproduce. Esa palabra de la lingüística permite conjeturar que algunos integrantes de Coalición Canaria tenían cierta formación filológica. No es casual. En 1994, un año después de llegar al poder, CC lanzó la apuesta de crear la ACL en diálogo con un grupo de catedráticos de lengua española de la ULL, liderado por el catedrático de lengua española Ramón Trujillo. Pese a su aideología y a censurar el nacionalismo, CC consideraba que una institución que hiciera una reflexión sobre lenguaje, era requisito para la identidad propia y para dotar al archipiélago de una institución que encarnara a todas las islas.

¿De dónde venía tal interés gubernamental por estudiar el español de Canarias? Para ubicar ese interés, y revelar la relación de la ULL con el gobierno, se examinarán los antecedentes sobre el estudio del español de Canarias y el rol político atribuido al español atlántico en la teoría filológica del lenguaje y en la narrativa de la expansión del español.

Más de diez años después de crearse el departamento de lengua española en la joven Facultad de Románicas, la ULL acogió a reconocidas figuras de la escuela filológica de Madrid. De 1954 a 1965, Manuel Alvar y Diego Catalán llegaron para enseñar gramática histórica, y describieron la variedad de Canarias con el método de la filología nostálgica y nacionalista de Menéndez Pidal, la disciplina que indagaba los orígenes de la cultura española, viva de manera latente en la lengua, a través del estudio científico del lenguaje (Portolés 1986; Del Valle 1997; Del Valle y Gabriel–Stheeman 2004). Del lado del andalucismo en el debate sobre el origen del español de América, hicieron un esfuerzo teórico para autorizar el relato de unidad del español a ambos lados del Atlántico. Desarrollaron, además, un mapeo lingüístico de las hablas regionales, que funcionaban como curiosidades periféricas en el mosaico de la identidad española y como parte de la retórica de la riqueza de la lengua común (Halm 2000). Gregorio Salvador llegó después y permaneció como decano de Filosofía y Letras hasta 1975.

Alvar, Catalán y Salvador son las autoridades representativas de la concepción formalista del lenguaje y del discurso dominante del español. Para ellos, la lengua, de manera natural, es un sistema en evolución que vive a través de una forma interior del lenguaje en la mente de los individuos, los hablantes, quienes lo usan, lo heredan y lo comparten, creando la conciencia de comunidad. Estos usos, cultos o no, aun sometidos a la voluntad creativa de los hablantes, son manifestaciones que no fraccionan la unidad de la lengua, por lo que reproducen una concepción piramidal del lenguaje, situando la lengua en la cúspide y todo lo demás por debajo, como las hablas regionales y dialectos, que no alcanzan la categoría de lengua. Esta concepción piramidal del lenguaje se constituyó cuando la lingüística se había desarrollado bajo el paradigma del progreso, donde los diversos órdenes de la realidad, determinada por la ley de la evolución, son “manifestaciones que no rompen su unidad superior” (Portolés 1986: 34) 6 .

El concepto de norma es fundamental, con respecto al uso de los hablantes, ya que reproduce las pautas de la cultura monoglósica, la base conceptual de las representaciones nacionalistas de la lengua (Del Valle 2000; Del Valle y Gabriel–Stheeman 2004). En la cultura monoglósica, hablar, de facto, significa hablar una lengua que se rige obligatoriamente

por una norma, sin la cual la idea de comunidad no existiría. En la cultura monoglósica hablar siempre implica tener una “norma de uso”, la que se sigue para ser miembros de una comunidad lingüística.

Para explicar la inteligibilidad mutua de los hablantes de español y la capacidad de creación de los individuos, la escuela de Madrid se ha preocupado por no quebrar nunca el relato de su unidad homogénea. Ha identificado las razones que han contribuido a que “evolucionara” manteniendo características comunes que garanticen su unidad en el eje diacrónico (prestando atención a su evolución histórica) y en el eje sincrónico (que considera irrelevante la historia y presta atención a un momento cualquiera).

Para constituir esta idea del español que representa la armonía unida de la comunidad hispánica, el recurso es el modelo de las clases educadas y la autoridad de los lingüistas, quienes codifican aquel modelo por medio de la norma culta, las gramáticas y los diccionarios. La norma, así, es una abstracción sujeta a los usos de una comunidad, imaginada, de hablantes orientados por un órgano rector.

Para Catalán, hablar es una norma cuando distingue una diferencia entre el español canario a nivel de habla, una vaga realidad sin dialecto uniforme, y a nivel de norma, la que el hablante canario atiende cuando habla y la que “gobierna el español de todos los estratos socio–culturales de la comunidad isleña” (Catalán 1989 [1964]: 153). El español canario debe existir en algún tipo de norma, pese a su falta de uniformidad, porque si no, no podría hablarse ni constituir la comunidad de hablantes canarios.

Catalán contradice esto con la tesis del español atlántico que publicó en la ULL en 1958, porque para contribuir a crear la variedad atlántica junto con la variedad hispalense, sí debió de haber un español canario uniforme. Su tesis narra que el español llegó desde Sevilla a Canarias, se aclimató a la nueva realidad, salió hacia América evolucionado, llegó al Caribe completamente transformado y de ahí se trasplantó a todo el continente americano (Catalán 1958; Menéndez Pidal 1962). El español atlántico surge de la batalla entre la tesis monogenética (prestigio de Sevilla y de España) contra la tesis poligenética (el español en América se formó por más contactos) para propugnar el andaluz en la formación del seseo en América. El español atlántico innovaba afirmando que el español que atravesó el “puente de madera” (Catalán 1958: 241 [9]) era ya una koiné que se había gestado en Canarias cuando los barcos hacían escala en las islas 7 , construyendo a Canarias como el preámbulo de América. Su objetivo es defender la cuestión del viaje de un español andaluz pero vigorizado en Canarias, dando como resultado un español nuevo, moderno, unido y homogéneo (Catalán 1957, 1960, 1964, 1966, 1989, 2006).

Manuel Alvar dedicó su trabajo a describir la variedad de Canarias como un puente atlántico que afiance el relato de unidad del español. El Atlántico y América, allí donde diserta sobre Canarias, siempre encarnan una dilatación de España que descubre agudamente para sus lectores (1959, 1964, 1968, 1975a, 1975b, 1975c, 1978, 1981, 1990a, 1990b, 1991, 1998, 2003). La variedad canaria es una “lengua de conquista” porque había eliminado las hablas prehispánicas desde el siglo dieciséis (Alvar 1964: 15). Y estimaba que había seguido su propia evolución como un eslabón, ya que “desde el primer viaje del Almirante, se pudo ver que las Islas no eran periferia de nada, sino centro, eslabón intermedio que unía dos periferias: la peninsular y la de América” (11; mi énfasis).

Al igual que el andalucismo implícito del español atlántico, el Atlas Lingüístico y Etnográfico de las Islas Canarias (Alvar 1975c) daba “continuidad sobre el Atlántico y de cara a América a ese mundo complejísimo que es la norma lingüística nacida en Sevilla y desde Sevilla irradiada. Por eso el ALEICan es la proyección andaluza, necesaria e imprescindible, para entender América” (Nota Preliminar). Por eso defiende la visión colonial del lenguaje como una rica alcancía de la unidad en la diversidad porque el español canario “es tan buen español y de tan buena ejecutoria como el español de cualquier otro sitio; su característica está en esos elementos con que enriquece, da variedad y hace bella la lengua común” (Alvar 1964: 15).

El interés que Manuel Alvar y Diego Catalán tuvieron por la variedad canaria reflejaba un proyecto hispanista de aspecto trasatlántico que evidenciaba un valor depositado en las regiones de España en la configuración de un español universal. Ellos cosificaron las regiones españolas para hablar de América como la abstracción de la lengua evolucionada y de la unidad

del idioma.

Antes de 1981, Ramón Trujillo había publicado su tesis doctoral sobre el habla del caserío tinerfeño de Masca (Trujillo 1970) y su estudio sobre el carácter sustitutivo del silbo gomero 8 (Trujillo 1978). En sus descripciones no se vislumbraban atisbos de inseguridad lingüística, aun cuando describe la falta de dientes de sus informantes o de cuántos se habían autoinstruido a leer y a escribir en la inaccesibilidad montañosa de La Gomera o de Tenerife.

Con Algunas características de las hablas canarias (1981), Trujillo rastreaba la norma culta porque Canarias intentaba buscar su propia identidad (16). Hay que relacionar su meditación sobre la ausencia de norma a la ausencia de autonomía canaria, pues ya se habían ratificado los estatutos catalán, vasco (1979) y andaluz (1981), y en el archipiélago se anhelaba el acceso a un mayor grado de autonomía con respecto al gobierno central. Como dice Woolard “the lack of a distinct language can cast doubt on the legitimacy of a group’s claim to nationhood” (1998: 17), por eso, las descripciones metalingüísticas de la ULL, que buscan una norma culta canaria en la etapa de las autonomías, dibujan un contexto político muy diferente.

Una característica de la praxis de los lingüistas formalistas es su conocimiento de la psique de los hablantes. Al estar la norma, de la que depende la concepción de comunidad, supeditada al uso, describir es vigilar. En una región descrita sin norma y sin uniformidad, pero contribuyente a la modernización del español, los lingüistas de la ULL se preocuparán por cómo dotar al habla regional, que han aprendido a subestimar, de una personalidad de lengua; cómo hacer de las particularidades canarias parte de la narrativa de esa lengua unida trasatlántica de la que tan orgullosos están los hispanistas.

Por ello, Algunas características de las hablas canarias busca una norma que condene los usos vulgares y retrógrados (Trujillo 1981: 18); define a las hablas canarias de “polimorfismo anárquico y amorfo” (1981: 24); alerta a los hablantes de que sientan las variedades coloquiales de Las Palmas de Gran Canaria –la mayor ciudad del archipiélago– como “torpes e incultas” y que no contribuyen a crear prestigio (19); y se pronuncia sobre la norma que hay que desechar, reivindicándola en términos de reparación de una injusticia, porque su inexistencia le ha dado al hablante canario una inseguridad

lingüística, que lo coloca “injustamente” en un plano de inferioridad (16).

3.1.2 Consecuencias políticas del uso de los hablantes, del español atlántico y de la ausencia de norma culta

En una concepción piramidal del lenguaje, la injusticia es una deslealtad de la lengua en sí porque, en su versión dialectal, la lengua traiciona al canario porque no le ha concedido registros estables (Trujillo 1981: 17).

Es injusto porque el “hablante peninsular”, quien parece tener norma, solo dice tonterías, lo que hace que los canarios se conviertan en “apóstatas de la papa” porque piensan que deben renunciar a las palabras rústicas cuando llegan a la ciudad (16). La ciudad, empero, mantiene las palabras del campo (16), y representa a “la América que mejor habla” (13), la Ciudad de México, Bogotá y Lima (12).

Trujillo hace un relato del español canario con las consecuencias del español atlántico, con un seseo uniformador como la base de la formación del español de América (Trujillo 1981: 12, 18). Si se sesea en toda Canarias y la América que habla español, no así en la totalidad de Andalucía (11), evita su asociación umbilical con el andaluz e instala al español canario en

el centro de la doble periferia alvariana del español 9 . Es un malabarismo retórico donde el seseo es la raíz del español canario y del español americano sin el andaluz 10 .

El argumento del seseo tiene una economía de los afectos y reproduce varias elisiones ideológicas (Irvine y Gal 2000), el proceso semiótico que suprime los elementos que no encajan en la descripción de la lengua que se quiere producir. Se borra, así, la condición de colonos de los canarios al decir que sesearán los habitantes de las nuevas tierras, porque ya lo traen o

porque es la forma que “vamos a sentir canarios y americanos como propia, diferencial y distintiva, frente a usos que quizá no gozaran de la simpatía de los que poblaban el Nuevo Mundo” (Trujillo 1981: 12; mi énfasis). Aquí está la cultura monoglósica, porque señala una manera “propia, diferencial y distintiva” de hablar, siempre dependiendo de que el espacio conceptual de “lo americano” tenga una sola manera de hablar.

Algunas características imagina un futuro deseable que eduque a las nuevas generaciones para que hablen “con la misma propiedad y soltura que cualquier hispanohablante de la Península o de América” (Trujillo 1981: 19). Por ende, es una prescripción de cómo hablar bien, por lo que es una intrapunición, el deseo de las elites que, incómodas con la percepción

de lo propio, odian a su mismo grupo (Ninyoles 1980: 147). Interpela a los locutores de radio, que le suenan como tristes y escasos analfabetos (Trujillo 1981: 17). Les pide a los canarios cultos que rechacen con repugnancia la –d– intervocálica de los participios (22), y que articulen mejor las vocales porque son confusas para un oído foráneo (23). Hablar canario es amorfo, anáquico, torpe, inculto, repugnante, triste, escaso, analfabeto y confuso. He aquí la higiene verbal del vigilante científico.

Aunque él sea un miembro correspondiente de la RAE y aunque que existan ciudades canarias de gran patrimonio cultural, no hay clase letrada asociada a una ciudad central. Se trata siempre de producir un trauma remediable con la autoridad de los lingüistas: “Si hubiera que aconsejar la forma de una norma culta canaria, yo proscribiría esa aspiración de –s, que

tanto daño hace a nuestras hablas y a su impresión de conjunto” (Trujillo 1981: 23; mi énfasis).

Lo que le preocupa es que que haya islas sin centro, como sí lo había tenido antes. El plural de las hablas canarias hace que no se produzca una norma común representada en el uso de la clase letrada de un solo lugar, cosa que él lee como una región sin identidad.

Trujillo ha instruido a varias generaciones de profesores de lengua española de la ULL. Ellas y ellos han continuado reproduciendo ideas como la del hablante canario “atrapado entre dos normas”, la atlántica “que admite el seseo” y la castellana, “con usos contrarios pero que pesa sobre Canarias por ser norma de la capital del Estado” (Lorenzo 1988: 23; mi énfasis). Los autores de la primera monografía del español de Canarias achacaban la falta de norma culta a la incapacidad de construir una clase con prestigio en un solo centro (Díaz Alayón y Almeida 1988). Denostaban la “deslealtad” de aquellos “apóstatas de la papa” que desconocen su linaje quechua, su corrección (¿por qué es incorrecto decir “patata”?) y el “amplísimo uso que tiene en numerosas hablas hispánicas” (1988: 165). La papa ya no es una cuestión de identidad canaria, sino de abolengo y de expansión hispánica. Por último, para Morera (1990), el habla canaria es una víctima histórica, porque ese hablar dulce que “los peninsulares” consideran de los canarios, así como del “hispanoamericano”, viene de susurrar ante los señores de la metrópoli que hacían un “uso desinhibido del idioma” (1990: 111). Canarias y toda la América que habla español son víctimas del oído peninsular.

Al convertir la ausencia de norma en ausencia de identidad propia, las representaciones del español de la ULL han iconizado (Irvine y Gal 2000) la variedad seleccionada de los medios de comunicación estatales, el “español peninsular”, como una oposición naturalmente incorrecta del “español de Canarias”. La iconización transforma la relación de signos

entre características lingüísticas y las imágenes sociales vinculadas a ellas. Las características que indexan a las personas que distinguen entre s y z o dicen patata se transforman en representaciones icónicas de ellos, como si decir “patata” mostrara la esencia inherente de todos los que dicen esa palabra. Esto elide los elementos que no encajan, como que los andaluces no sean hablantes peninsulares o que en toda la Península se hable de la misma manera. Si de lo que se trata es de reconocer la singularidad de una pequeña región, la estrategia es homogeneizar el resto de regiones

11 . El español de Canarias es simultáneamente pre– y post–americano en la recurrente defensa de la estirpe de la “papa”, como se dice por la vuelta de los descendientes canarios –narrativa invisible–, frente a la “patata”, como se le llama en Madrid. Todas estas representaciones reproducen la ideología de la hispanofonía (Del Valle 2007), el sistema de ideas en torno al español históricamente localizado, que concibe el idioma como la materialización de

un orden colectivo en el que lo español, o las regiones de España, desempeña un rol central (2007: 38).

Algo con lo que las elites de la ULL no contaban fue la fundación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en 1989. El rector de la ULL, miembro de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), había organizado un paro de dos semanas de clases y hasta una huelga patronal para oponerse a la fundación de la universidad grancanaria (LA PROVINCIA

1989; Rodríguez 2014). La ULPGC se fundó por razones de abastecimiento académico para una sociedad cada vez más creciente (BOE Ley 5/1989). Los noventa empezaron con esta irrupción del poder de Tenerife.

Cuando su hegemonía se rompe con la ley de cabildos de 1912, con la división provincial de 1927 y con la creación de la ULPGC en 1989, las elites tinerfeñas, como demuestra el Manual de Campaña de 1993, siempre han estimado que la “séptuple insularidad” de las islas provoca fraccionamiento político y complica la creación de grandes partidos (Pomares Rodríguez 2008: 287). Que no haya un solo centro administrativo es la idea de que las islas deberían tener un corazón que las represente a todas.

Desde la comisión nacional del V centenario del descubrimiento de América creada en 1981 12 , y desde que el gobierno canario la emulara con la comisión canaria en 1984 13 , las elites lingüísticas de la ULL también entraron a la década de los noventa con una preocupación de peso histórico. Tras diez años de autonomía de descripciones lingüísticas con el protagonismo del español atlántico en la configuración del español de América y de la centralidad de Canarias en la historia (de la expansión) del español, la celebración de la España glotopolítica y neocolonial saturó los discursos de identidad propia en Canarias.

Al igual que el IV centenario había significado la feria de la industria editorial que llenó las librerías y los periódicos con trabajos que aludían a Colón (Bernabéu Albert 2006: 299–300), el V centenario no fue una excepción. Un ejemplo fue la contribución de profesores de la ULL en la edición Canarias y América de la Gran Enciclopedia de España y América (1989). El prólogo del presidente regional expresaba que 1992 debía conmemorar el “hispanismo democrático” y abrir expectativas en Canarias y en las Repúblicas americanas, unidas por una lengua común, pues las islas habían contribuido a la formación de los pueblos americanos (en Morales Padrón 1989: 9).

Uno de esos colaboradores era el director de la comisión del V centenario, el catedrático de literatura hispanoamericana de la ULL Juan Manuel García Ramos, quien ha tenido poder en todos los gobiernos. Juan Manuel García Ramos también había participado en la “guerra universitaria” de ATI, cuando se había opuesto a la creación de la ULPGC, porque prefería una sola universidad para toda la región, en vez de dos (Rodríguez 2019). García Ramos ha sido el promotor de la “atlanticidad” de Canarias (1993, 1996, 2002), una comunidad cultural en el camino hacia América con su propia manera de sentir y pensar, fuera de lo español, donde “la tradición occidental” y “la cultura americana” se dan la mano.

Quizás, el antecedente del interés por hacer una academia canaria de la lengua es la relación que establezco entre el preámbulo a la vigésima primera edición del diccionario de la RAE (1992) y el prólogo de Ramón Trujillo al primer Diccionario de canarismos elaborado por sus discípulos Lorenzo, Morera y Ortega (1994). Trujillo había estrenado sus prólogos legitimadores en la edición de un glosario de léxico guanche elaborado por Díaz Alayón y Castillo (Trujillo 1992), afirmando que la búsqueda de la identidad propia tenía que ser auténtica, no como el “auge trasnochado de los nacionalismos románticos, tan imaginarios” (14). Había advertido, además, que no habría lingüística canaria mientras no hubiera maestros canarios (15), formulando la idea de que no solo urgía una norma culta, sino una manera diferente de hacer lingüística.

El prólogo al Diccionario de canarismos exhibe un cambio en su descripción del lenguaje. Todo este prólogo es una reacción contra “el dogmatismo que tanto daño ha hecho a la lexicografía” (Lorenzo, Morera y Ortega 8; mi énfasis), el procedimiento de no incluir todas las palabras en los diccionarios. Este prólogo trata de la verdadera lexicografía y del “mandamiento científico” de que no hay que apoyarse en otras autoridades, sino en la “autoridad irrecusable de la lengua misma”, cosa que los autores hacen, americanizando la excepcionalidad canaria una vez más, “siguiendo a Bello (cuyos ocho bisabuelos eran casualmente canarios también)” (Lorenzo, Morera y Ortega 7; énfasis en el original). Como si la canariedad de Andrés Bello se pudiera alcanzar a través de la descripción del lenguaje.

Una de las razones de la necesidad de la ACL que el gobierno aducía en el debate de marzo de 1996 era porque el DRAE

14 no incluía canarismos.

Era el diccionario de la fiebre editorial del V centenario para cooperar con el relato de los millones de hablantes que, “a un lado y otro del Atlántico, hablan hoy el idioma nacido hace más de mil años en el solar castellano y se valen de él como instrumento expresivo y conformador de una misma visión del mundo y de la vida” (RAE 1992: viii). Esa descripción geográfica borra no solo la doble periferia alvariana cuyo centro es Canarias, sino también el origen de la travesía oceánica del español atlántico, por lo que el eslabón no estaba lo convenientemente elogiado en el año del descubrimiento.

Aquel primer prólogo exhibía aún una hipótesis Sapir–Whorf porque para él perder una palabra propia era perder un trozo de visión de la realidad (Trujillo 1992: 16). Por ello “una misma visión del mundo y de la vida” borraría el afecto del seseo, esa “actitud reflexiva ante el idioma, que más nos acerca a la América hispana que a la Península Ibérica” (15; mi énfasis).

Ese preámbulo del DRAE daba más problemas a una escuela lagunera intranquila por su falta de norma pues el diccionario definía las palabras cuyo uso se atestigua diariamente en la conversación culta (RAE 1992: viii). En la dimensión normativa de la filología española, los diccionarios conservan la lengua como sistema. Un diccionario de canarismos dotaría al dialecto de una pátina de lengua y contribuiría a que las palabras canarias aglutinasen a todas las islas en un pueblo unido hispanohablante más.

Ese DRAE se había publicado en pleno desarrollo de los cuasi– nacionalismos del estado de las autonomías. Como el Manual de Campaña se estaba fabricando, es razonable sugerir que el hecho de que la RAE solicitase la cooperación de sus “hermanas correspondientes” para que hubiera “peculiaridades léxicas vigentes en cada país” (RAE 1992: viii; mi énfasis) agitó el discurso de la canariedad. Máxime cuando el diccionario se había enriquecido con “el contingente americano y filipino” (RAE 1992: viii). Este es el “daño a la lexicografía”. Que Canarias no sea un país –pese a aborrecer los nacionalismos históricos– y que no haya enriquecido el diccionario con la historia trascendental que arrastraba. La cooperación con las academias hermanas rompía el “hispanismo democrático” y las Filipinas no eran ni las islas ni el océano que verdaderamente importaban en el V centenario. Como defendía el consejero del gobierno en el debate de 1996, Canarias necesitaba la ACL “para poderse relacionar de tú a tú con el resto de las academias que existen en el mundo” porque la variedad del español en Canarias “no es menos que ninguna de ellas” ( Diario de Sesiones del Parlamento de Canarias, 20 de marzo 1996: 54).

Propongo leer este quiebre contra el telón de fondo del origen de Coalición Canaria y la prescripción aideológica de su Manual de Campaña. Las palabras fetiche que los candidatos habían repetido hasta que les salieran llagas en la boca reformulaban las “Cinco Líneas Maestras”, cuyo número 3 sostenía que “los canarios ahora somos MÁS. Vamos a ganar las elecciones en Canarias porque somos MÁS en Canarias. Y porque queremos MÁS de España”. Un año después de fundarse y ganar las elecciones, CC comenzó el debate sobre la creación de la ACL por razones de “déficit” de canarismos en el DRAE. Si se trataba de tener más, de ser más y de querer más, las elites lingüísticas de Canarias necesitaban una institución que reflejara que (el español de) Canarias no era menos que el resto.

Ramón Trujillo y su Asociación para la ACL se había reunido en algún momento de 1994 con la Consejería de Educación y Cultura para considerar la creación de una fundación para la descripción del español hablado en Canarias, idea que era de gran interés para el gobierno 15 .

En diciembre de 1994, en una comisión parlamentaria de presupuestos de educación para 1995, la postura escéptica de la oposición sobre la inexistencia de una lengua canaria pedía que los fondos que el gobierno quería para la ACL se destinasen a otra organización. El gobierno no aceptó esa enmienda y se aprobó una cuantía para financiar los estudios de la Asociación para la ACL, con tal de que el gobierno remitiera el resultado de esos estudios, cosa que nunca llegó a realizarse.

El 17 de julio de 1995, la Asociación para la ACL firmó un convenio con el gobierno que regulaba la cooperación técnica y económica entre la Consejería de Educación y la Asociación para la ACL, una medida urgente para edificar una relación entre unos expertos en lingüística y la Consejería de Educación.

En noviembre de 1995, la oposición le pidió por escrito al gobierno que respondiera qué había pasado con ese informe sobre esos estudios que el consejero se había comprometido a remitir a la cámara en diciembre de 1994. El gobierno le respondió que ya habían firmado un convenio con la Asociación para la ACL.

En diciembre de 1995, la oposición vaciló sobre el uso de los presupuestos aunque sí aceptó darle una parte a la Asociación para la ACL si hacían un “instituto filológico” en los dos departamentos de lengua, no una nueva institución llamada “academia”.

El 11 de marzo de 1996, la oposición solicitó la comparecencia del gobierno para el 20 de marzo para que informara de la situación de aquellos estudios que se habían prometido con la firma del convenio. Tras un vaivén de argumentos el día de la comparecencia, a la oposición no le gustó la poca transparencia que había habido entre el gobierno y la Asociación para

la ACL. El gobierno subrayó que la ACL era una necesidad imprescindible y aseguraban que saldría adelante.

En octubre de 1998, el pleno del Parlamento votó de nuevo si se fundaba la academia y por fin se aprobó de manera unánime.

La ACL se constituyó como una institución pública del Gobierno de Canarias en diciembre de 1999.

En la sesión de educación de diciembre de 1994, la oposición disputaba con el gobierno partidas que debían priorizar la construcción de escuelas en barrios marginales y el apoyo financiero a dos instituciones culturales de la isla de La Palma (Diario ParCan, III legislatura, 1994: 103–104). Entre esas partidas que la oposición quería dar de baja para otras instituciones, había una que les había parecido “un tanto extraña”, la Academia Canaria de la Lengua. A la oposición le parecía que, si no se podía hablar de una “Academia de la Lengua Canaria”, no se podía hablar de una Academia Canaria de la Lengua (104). El portavoz del gobierno, economista de profesión, le replicó que, si bien estaba de acuerdo con que los fondos para cultura eran escasos, se trataba de problemas presupuestarios, y discrepaba con la imagen distorsionada que se había hecho de la ACL. Según él, “dignificar nuestra lengua, entre otras cosas, consistiría en que el conjunto de canarios, cuando salgamos de las islas, no hablemos como peninsulares, sino que sigamos hablando como canarios” (104). La oposición sostuvo que ese argumento era un botón de muestra de lo poco que se estaba haciendo en cultura y que

había “mucho ruido y pocas nueces” (104). En la réplica del portavoz del gobierno, quien decía que estaban en condiciones “muy apretadas” (103), no aceptó la enmienda que pedía la oposición, aunque admitía que no iba a repetir el argumento anterior (Diario ParCan 1994: 104).

Esa idea de no hablar como los peninsulares cuando los canarios salgan de las islas es una proyección que constituye una clara señal de auto odio. Igual que Trujillo decía que la aspiración de la –s final hacía daño al habla canaria, hay algo que estas elites están juzgando sobre con su propia variedad cuando salen de Canarias –que elide que tengan el privilegio para viajar. La auténtica “inseguridad al hablar” es la higiene verbal del portavoz de CC, quien reproduce la idea de que los lingüistas solventarán un problema social. Su lapsus, o no, de llamar a la variedad canaria “nuestra lengua”, y que no esté contestado, fortalece la narrativa nacionalista de que la región necesita una lengua para poseer una identidad y activa la visión piramidal del lenguaje de encumbrar el dialecto.

En junio de 1995 la prensa nacional ya conocía la polémica por la ACL. Una noticia de EL PAÍS describía que el proyecto lo auspiciaba el gobierno canario y lo presidía Ramón Trujillo, cuyos objetivos eran preservar el español que se habla en Canarias, unificar criterios, aconsejar sobre la política lingüística en el archipiélago y lograr que los canarios estuvieran “orgullosos de su modo de hablar”. Instalada la polémica desde del año anterior, Trujillo defendía que tenía que ser una institución que fuera “independiente y mantenerse al margen de los avatares políticos”. El consejero de cultura de ese momento expresaba que la ACL “huiría del boato”, que sería austera y efectiva, y que se valdría de la colaboración de los cabildos para responder a la “dictadura geográfica que impone un archipiélago” y estar presente en todas las islas (Arencibia 1995). La “dictadura geográfica que impone un archipiélago” es otra manera de decir el “polimorfismo anárquico de las hablas canarias”. Se necesita una nueva institución que aúne a todas las islas porque se las sigue pensando como una realidad inmanejable.

En una ponencia en septiembre de 1995, el profesor de la ULL y coautor del Diccionario de canarismos Gonzalo Ortega Ojeda presentó unas Consideraciones programáticas (Ortega Ojeda 1996) para la futura ACL, cuya emergencia la entendía favorecida por el artículo 3 de la Constitución. Que los valores lingüísticos formen parte de la identidad de los pueblos le

parecía la constatación de “una verdad científica” (1996: 481). Retomaba los términos de la apostasía al advertir que los canarios se tenían que mostrar “leales” con sus peculiaridades idiomáticas, pero que en ningún caso se trataba de caer en una “panochización” del español isleño. Sobre la “panochización” explicaba que el panocho es “el habla avulgarada de la

Huerta de Murcia, que algunos insensatos e indocumentados del lugar han pretendido elevar a la categoría de lengua” (481). Según esta postura de ser leales, ni el mismo portavoz del gobierno en diciembre de 1994 mostraba lealtad al habla canaria porque él sentía el imperativo de “hablar como peninsulares” cuando salía de las islas –lo decía el portavoz del gobierno en el Parlamento.

Las Consideraciones programáticas de Ortega Ojeda (1996) eran prescripciones para normalizar, para que los organismos oficiales y del comercio modificaran el paisaje lingüístico de los productos y etiquetas a la modalidad canaria. Les pedía a los locutores de radio que se ajustaran a los “patrones fonéticos insulares” pero con naturalidad, sin atropellarse y sin “afectación hipercorrecta” (486–487), y a los docentes les recomendaba que en las clases de lengua se subrayase el “notable paralelismo lingüístico existente con América” (487). Pedía, además, que se velara por el léxico de las etiquetas, que las patatas se tradujeran a papas en los productos de fuera y que, “en justa reciprocidad”, las papas se tradujeran a patatas en los productos canarios que se exportaran (486). Este planteamiento era “puramente científico” y cualquier “manipulación política” de su posición sería ajena a su voluntad (483).

Los prólogos de Trujillo no habían mostrado este discurso de “es científico, no es político”. A partir de esa primera sesión parlamentaria de diciembre de 1994 el clima sobre la defensa de la ACL empieza a cobrar este tono apolítico explícito. Invocar la ciencia defiende no solo a la lingüística más canaria, sino a la postura aséptica que borra la autoridad de

los guardianes del lenguaje (Milroy y Milroy 1999). La prescripción sobre papa vs. patata, un lugar común desde 1981 para subrayar la americanidad atemporal de Canarias, se había convertido para esa fecha en una cuestión de economía política y de marca canaria.

En una nueva sesión de presupuestos en diciembre de 1995, la oposición le había dicho al gobierno que sí aceptaban una partida para la ACL con tal de que hicieran un instituto, no una academia. Es revelador examinar cómo los diarios de Madrid EL PAÍS y el ABC cubrieron esta noticia, el primero desde su regionalismo español liberal, y el segundo desde su nacionalismo español conservador. El artículo de EL PAÍS se titulaba “Debate por la creación una de Academia Canaria de la Lengua” y mencionaba que Manuel Alvar respaldaba el proyecto pero que Fernando Lázaro Carreter apoyaría un instituto, no una academia (Cantero 1995). El artículo del ABC se titulaba “PSOE y PP humillan a Hermoso y convierten su «Academia de la lengua» en «instituto filológico»”. Manuel Hermoso era el presidente del gobierno canario y quien había apoyado la creación de la ACL. El ABC nunca apoyaría al PSOE. Su apoyo puntual fungía como otro partido estatal junto con el Partido Popular porque no eran partidos “nacionalistas” (lo son; son partidos españolistas). El ABC citaba el interés común de los dos grupos parlamentarios que defendían el cambio de denominación porque Canarias no tenía un idioma singular que se tuviera que defender y que nadie estaba “obstruyendo el habla canaria”. Les parecía que una nueva institución era innecesaria porque los canarios crean expresiones cotidianamente. En la opinión del gobierno, el artículo citaba al consejero de la “dictadura geográfica del archipiélago”, diciendo que no solo los canarios se beneficiarían, sino también “la propia lengua española” (ABC 1995). Aquí estaban pugnando dos versiones de la misma teoría filológica: la creación de los hablantes vs. el discurso de la riqueza de la lengua común.

Ortega Ojeda defendía que la ACL no consistía en pretender elevar a la categoría de lengua el habla canaria, como habían hecho los murcianos (no era un “auge trasnochado de nacionalismos románticos”), mostrando su falta de solidaridad con la reflexión identitaria de otras regiones, del sur peninsular otra vez. Sin embargo, el portavoz del gobierno en 1994 dejaba

caer la idea de dignificar “la lengua” que, para la oposición se trataba de un idioma inexistente. Estos aparentes despistes de llamar lengua a la variedad continuaron exhibiéndose de manera puntual, lo que contribuiría a que la polémica ganara más aristas y a que el concepto de singularidad se difuminara más, porque nunca nadie corrige esa confusión. Hasta el miembro de la oposición que había solicitado la comparecencia del gobierno dijo en el debate de marzo de 1996 que no apoyaría la creación de una nueva institución, aunque fuera para estudiar “nuestro idioma, una de las señas de identidad más genuinas de los canarios” (Diario ParCan 1996: 50–51). Las descripciones en torno al español de Canarias habían empezado a surtir efecto en la esfera pública.

Su título era “Comparecencia del gobierno, instada por el grupo parlamentario socialista canario, para informar sobre estudios, proyectos y convenios, en la relación con la Academia Canaria de la Lengua” (Diario ParCan 1996: 48). Se había solicitado en el mismo mes en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias (Boletín del ParCan, 11 de marzo de 1996: 3). El grupo socialista había pedido que el gobierno aclarara: qué había pasado con aquellos estudios que habían recibido una partida presupuestaria, qué había pasado con ese convenio firmado en julio de 1995, por qué el gobierno había sido tan poco transparente sobre ese convenio y por qué era necesaria una nueva institución. El gobierno, por su lado, desoyó las razones por las que se había solicitado la comparecencia y empleó su tiempo para ir por otros derroteros que no se habían pedido. Esta fue la última sesión parlamentaria en la que se debatió la necesidad de la ACL antes de su voto unánime a favor en octubre de 1998. Llegada la fecha de marzo de 1996, el gobierno y sus socios lingüistas habían pasado ya por dos sesiones infructuosas, por lo que el gobierno aprovechó este nuevo debate para remozar argumentos y llevar el pleno a un lugar en el que todos estuvieran de acuerdo.

Los turnos son así: primero el consejero de cultura expone la historia de cómo surge el proyecto, habla de la indiscutible autoridad de Ramón Trujillo para saber qué se tiene que hacer y de que no piden mucho dinero porque la ACL se alojaría en los dos departamentos de lengua (Diario ParCan 1996: 49–50). Después el portavoz del grupo socialista cuenta la historia de las sesiones parlamentarias que habían dado dotaciones financieras al proyecto de la ACL y critica los vericuetos en los que el gobierno se había metido (50–52); A continuación, muy brevemente, la portavoz de la Plataforma Canaria Nacionalista da su total respaldo al proyecto y le critica al portavoz socialista que, por escuchar los dictámenes de su partido en Madrid, no es un canario de verdad (52). Le sigue la portavoz del grupo popular para decir que nunca ha entendido por qué era un tema de polémica y que su partido no apoya dobles administraciones, porque con el dinero de los ciudadanos no se podía hacer “cualquier cosa” (52). Después toma la palabra el portavoz del gobierno, Juan Manuel García Ramos, agradece el tono de las intervenciones y señala un “cambio de actitud” en esa sesión para, en una lúcida llave retórica, transformar la iniciativa privada en una responsabilidad de sentido común y buena ciudadanía (53–54). Después, el consejero reitera lo ya dicho y le espeta a la cámara que qué autoridad había tenido el Parlamento en diciembre de 1995 para negar la autoridad de Ramón Trujillo. Añade que la ACL sería una institución que rebasaría el marco universitario por lo que tenía que hacerse fuera de las universidades, contradiciéndose a sí mismo (54). En su réplica, el portavoz socialista, estupefacto por el comentario sobre su falta de canariedad, vuelve a repetir que no es un problema de autoridad, sino de presupuestos, que hay muchos otros patrimonios culturales que necesitan atención y que el gobierno no había cumplido la ley de contratos (54–55). El consejero termina la sesión para repetir que el gobierno ha hecho todo por la manera legal y que no se tiene que preocupar de nada (55). La comparecencia termina sin ningún voto ni resolución y se pasa al siguiente punto del día.

El consejero narra cómo un grupo de lingüistas e intelectuales se había puesto en contacto con la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Canarias –no dice cuándo– para expresar que todavía había lagunas importantes en el estudio del español de Canarias, por lo que la Consejería había establecido un panel de expertos para abordar esa cuestión, quienes

habían determinado que, efectivamente, existía “un reto en materia cultural digno de ser profundizado” (Diario ParCan 1996: 49).

En primer lugar, sin contar los años de los “madrileños” en la ULL desde los cincuenta, Trujillo había mencionado que ya estaba en condiciones de decir todo lo que concernía a las hablas canarias (1981: 17); Díaz Alayón y Almeida se sentían capacitados para decirlo todo sobre el español de Canarias después años de investigaciones (1988: 16); y a Morera le parecía que el español canario era “una de las niñas más mimadas de la Dialectología Hispánica” (1990: 11). No se trataba de estudiar algo de sobra conocido, sino de reiterar la necesidad de una nueva institución.

En segundo lugar, ¿los expertos se habían acercado a la Consejería para decirle que había importantes lagunas por estudiar, pero luego los expertos establecidos por la Consejería volvieron a determinar lo mismo? ¿Se trataba de un grupo que había solicitado algo al gobierno, o al revés, el gobierno había determinado que había que hacerse una academia de la lengua en

alianza con algunos profesores de lengua de la ULL? Según el relato, se trataría de la primera opción, ya que, por los debates fracasados, el consejero insistió en que hacer una academia no era una iniciativa del gobierno.

Como el tema de la polémica había sido su denominación, porque en Canarias no se habla otra lengua y porque no le darían dinero a una academia, sino a un instituto, la denominación era una cortina que tapaba si se trataba o no de un proyecto nacionalista. En el Manual de campaña la palabra “nación” estaba prohibida, no se decía “nacionalismo” sino “canariedad, orgullo de ser canario, defensa de Canarias”, de ahí que el consejero, por la memoria reciente, dijera que de forma sesgada se había confundido el proyecto “con algún tipo de posicionamiento”, sobre lo que no entraría en la discusión (Diario de Sesiones del ParCan, 20 de marzo de 1996: 49). Necesitaba recalcar que CC no estaba empleando estrategias de los nacionalismos y que la idea de hacer una academia de la lengua era una iniciativa privada, nunca una imposición del gobierno.

Para que no se entendiese que era un proyecto político, el quid de la denominación (academia vs. instituto) tenía que defenderse acudiendo a la autoridad filológica por antonomasia, Ramón Trujillo, cosa que siempre desvía la naturaleza de la comparecencia. La oposición nunca niega la figura de autoridad de Trujillo, pero reitera el problema financiero, no que alguien dude de su erudición y prestigio. El gobierno insiste en que Trujillo sabe de lo que está hablando y que por eso hay que hacer una academia, mientras que el portavoz socialista dice que esa no es la razón por lo que se había solicitado la comparecencia del gobierno.

Una palabra clave de los argumentos del consejero es el “reto”, la retórica del reto, como el reto de profundizar en estos estudios o el reto de cómo llevarlo a cabo institucionalmente. El reto más relevante era “huir de dos vicios iniciales” (49). El primero, que huyera de cualquier “imagen de boato”, y el segundo, que se entendía que el trabajo científico era lo suficientemente apasionante para no estar a expensas de orientaciones de carácter político (49–50). Que el relato de su necesidad deba hacer explícito cuán apolítico es el proyecto, acentúa aún más su naturaleza política. La idea de “huir

del boato” es literalmente la misma que había dicho el anterior consejero de cultura, lo cual prueba que esos argumentos sobre la apoliticidad de la ACL se estaban elaborando para futuros debates. El reto que se menciona por doquier es hacer una institución eminentemente política sin que así lo parezca.

¿Y cuáles eran esas lagunas importantes sobre las que tenían que reflexionar? Pues que

academias del español existen en Sudamérica, donde se practica el habla española, sin lugar a duda con diversas peculiaridades, existen más de 20 y por supuesto existen diversas academias del español en algunas comunidades del propio estado español, donde la cultura del habla, la cultura tradicional, ha llevado a un tipo de peculiaridades que

en la práctica señalan un español distinto (49).

Como llevaban años haciendo, lo que funciona para “América”, tendría que funcionar también para Canarias. El recurso a “Sudamérica” supone la seudo identificación con lo americano como el espacio conceptual que permite presentar a Canarias como el origen y centro del relato de unidad panhispánica. El consejero podría estar dando armas al enemigo al quebrantar

las reglas del Manual de Campaña por decir “estado español”, pero eso acentuaba la retórica de “somos más”, no que CC siguiera necesitando ser aprobada por la ciudadanía votante. Las otras academias del estado funcionan por comparación negativa, por ello añade más abajo que otras comunidades de España que tienen un “español peculiar” sí estaban

acometiendo ese reto (49).

Para 1996 no había otras regiones que estuvieran desarrollando academias de español. De hecho, sigue sin haberlas. La primera academia de español de la época autonómica es la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes (no “de la lengua”), fundada en 1979 por un grupo de intelectuales extremeños miembros de la Real Academia de Historia, de la de Bellas Artes y de la Jurisprudencia (https://www.raex.es/index.php/la-academia/ historia.html) 16 . Andalucía no tiene una academia de español, las acciones de política lingüística se hacen desde su Junta. Las otras academias que han institucionalizado su variedad vernácula como reivindicaciones de su exclusión histórica en las descripciones de sus vecinas lenguas, son la Academia de la Llingua Asturiana, fundada en 1980, y la Acadèmia

Valenciana de la Llengua, fundada en 1998. La Academia d’a Luenga Aragonesa aprobó sus estatutos en 2011 pero no terminó de fundarse. Por tanto, la única academia de español en España que no es la RAE es la ACL. La invocación a otras academias no es un deseo de colaboración que se pueda consolidar en un futuro de cooperación. Es el argumento para enfatizar la necesidad de la institucionalización propia: si las otras comunidades, y los otros países, tienen academias, Canarias también tendrá la suya.

Así, el consejero construye su necesidad a través de la figura del “déficit” en la cultura canaria, porque “una serie de canarismos, que hay que distinguir científicamente de lo que son vulgarismos, no están contemplados en el Diccionario de la Real Academia Española” (49). El consejero reproduce esa relación de proximidad entre la palabra canaria y el “vulgarismo”, cosa que Trujillo et alii llevaban tiempo instigando. Que diga la palabra “canarismo” lo sitúa históricamente después del Diccionario de canarismos (1994), de este modo, esta joven conceptualización funciona como parte de la retórica del

desprecio y de “somos más”, que se agudiza cuando vulgarismo y canarismo van juntas. La ausencia de canarismos en el DRAE se interpreta como que Madrid desprecia a los canarismos –porque los considera vulgarismos.

Juan Manuel García Ramos, el portavoz del gobierno, menciona la calidad argumentativa de la oposición, quien no había estado en contra de que la variedad canaria presenta un tipo de particularidades, por lo que, en su visión, ya no era un problema que siguiera dividiendo. Después de haber escuchado todas las posiciones desde su escaño, se alegra de que haya habido un cambio de actitud. Él pensaba que iba a ser un debate “más caluroso”, pero se lo habían “descafeinado” porque había notado que “el pequeño enfrentamiento que se produjo entre las llamadas fuerzas nacionalistas y las no nacionalistas

con vocación estatal es un debate falso” (Diario de Sesiones del ParCan, 20 de marzo de 1996: 53). Gracias a García Ramos, el consejero reforzó su segunda intervención sobre la naturaleza autónoma de la ACL, para que no estuviera radicada en los departamentos de lengua, y que sería un esfuerzo conjunto de los dos departamentos que habían estimado que se necesitaba una nueva institución.

Sin embargo, hay algo desproporcionado en la repetición de “ambas universidades”, que el gobierno menciona siete veces en este debate, y que achaco a razones del pleito insular. Antes de formar parte del gobierno de CC, el catedrático de la ULL García Ramos se había opuesto a la creación de la ULPGC como miembro de ATI, pero en el debate dice que “por primera vez yo creo que las dos universidades se reúnen”, elogiando algo con lo que estaba en desacuerdo. El departamento de lengua española de la ULPGC lo fundó José Antonio Samper Padilla en 1992, quien había hecho su doctorado en La Laguna bajo la tutela de Trujillo, por lo que, a efectos prácticos, la ACL era una idea del departamento de la ULL. La idea de los

dos departamentos borra la centralidad de la universidad lagunera y dibuja una realidad de sentido común y de concordia interprovincial.

García Ramos también tenía sus propios argumentos para demostrar la necesidad de la ACL. Docente él, urgía una academia de la lengua para educar a las jóvenes generaciones en justicia lingüística contra el hablante peninsular. Al describir la lengua como un patrimonio fundamental, “desde el punto de vista cultural y psicológico”, puede referirse a conciencia de los

hablantes. Defiende la iniciativa solidaria de estas autoridades al mencionar explícitamente al “canarismo”, que usa para articular su argumento de la corrección canaria frente a la incorrección peninsular usando, una vez más, el argumento de la papa:

Vamos a dejarle vía libre a estas personas para que trabajen y nos digan que, evidentemente, hay una modalidad lingüística en Canarias, para que un señor, para que un canario sepa –y veo que hay algunos alumnos arriba–, que cuando los canarios decimos papa, pues estamos haciendo uso, por ejemplo, de un término que viene del quechua, de la lengua del Tahuantinsuyo, del imperio incaico, y que es el término correcto, y que cuando los peninsulares dicen patata, eso es un término incorrecto. ¿Se dan cuenta? La corrección esta vez está en el canarismo, y eso no lo sabemos. Y tenemos que tener el orgullo de ser canarios, el orgullo de hablar como nosotros hablamos, fonéticamente. Nosotros, nuestros locutores no tienen por qué estar con esas zetas que no vienen ni al caso. Tenemos que normalizar y normativizar el uso de la modalidad

lingüística en Canarias y sentirnos orgullosos de eso (Diario de Sesiones del ParCan, 20 de marzo de 1996: 53).

Aquí se reproduce el mismo problema que tenía Trujillo quince años atrás. Los locutores canarios no pronuncian zetas. Lo que hacen, como todo el mundo, es vivir en un contexto de normatividad (Taylor 1997), donde nuestras prácticas lingüísticas, en tanto que actos sociales, generan un régimen de juicios. El ejercicio público de la comunicación está sometido a la vigilancia normativa de la comunidad (Del Valle 2017: 31). Como se veía en los juicios de Trujillo sobre los hablantes, hablar no es gratis. Por su praxis de minusvalorar el habla regional, estas elites escuchan su propia variedad en la radio con higiene auditiva. De ahí que el hecho de que la palabra canaria sea más correcta naturaliza su preocupación de autoimagen, porque da por hecho que todo el mundo contempla la realidad cotidiana en términos de correcto e incorrecto. El hablar “fonéticamente” es la no distinción entre s y z, aquel seseo cercano que les hacía pensar a los canarios

de la misma manera que a todos los americanos, pensamiento que informa su teoría de la “atlanticidad”.

Su intervención lo sitúa en un contexto post Diccionario de canarismos para exhibir la retórica del abandono del estado. Más allá de su uso indicial, el canarismo es un instrumento ideológico configurado después de 1994 para activar la retórica de que “Canarias es más” y no está representada en España. El argumento de la papa recupera el componente de noble estirpe, y la verdadera relevancia no es que papa sea más correcto, sino que lleve retazos de un imperio no español –pero imperio al fin y al cabo.

El análisis glotopolítico ha demostrado que no se pueden situar las descripciones de la escuela lingüística canaria fuera del contexto del estado de las autonomías, del cuasi–nacionalismo y del pleito insular.

Los discursos sobre el español de Canarias reflejan la retórica que construye el ninguneo por parte de la capital del estado, la estrategia del pragmatismo aideológico de las agrupaciones insularistas de finales de los años 80 que formaron Coalición Canaria. El discurso sobre el lenguaje, nunca neutro y sustentado por el nacionalismo lingüístico español, dio fuelle a la retórica del abandono. Como las descripciones del español de Canarias habían alimentado fantasmas hispanistas (Faber 2008) desde los estudios de Alvar y Catalán, las elites lingüísticas de la ULL entendieron que Canarias no podía tener menos cuando había sido el origen de lo que ellos llaman el español universal.

La descripción anti–andalucista y de apostasía de los ochenta se transformó en una descripción anti–DRAE en los noventa a partir del contexto de las celebraciones del quinto centenario, y la necesidad de la institución propia reflejaba el deseo de representar a una región archipielágica construida como problemática desde que Tenerife había dejado de ser el centro. El quinto centenario permitió a las elites tinerfeñas borrar su precarizada hegemonía en el archipiélago y construir una narrativa regionalista reformulando las ideas sobre el Atlántico que habían circulado en las descripciones del español de Canarias del departamento de lengua española de la ULL desde los años 50.

La necesidad de la ACL se establecía en términos de reparación, para que los canarios se sientan seguros cuando hablan, un fenómeno humano ubicuo fruto de la normatividad del lenguaje y de la cultura fuertemente estandarizada de la hispanofonía. El gobierno ha cambiado de signo político pero la ACL no ha cumplido los planes con los que se fundó. No han desarrollado una norma culta y continúan produciendo el discurso de la supuesta inseguridad de los hablantes canarios, que se podrá solventar con la acción de la ACL y sus ediciones de canarismos.

Para terminar, sobre el español atlántico. La variedad canaria era una “lengua de conquista” porque se había deshecho de las hablas prehispánicas, lo que reproduce la batalla contra el bilingüismo que el superestrato gana (Catalán 1955: 118), por eso el español atlántico extiende el valor de las regiones de España, elidiendo el contacto con el guanche. Blommaert (1999: 3–6) había notado que las descripciones nacionalistas sobre el lenguaje reproducen un tipo de noción del tiempo que oscurece la historia, por lo que otorgarle veracidad a un concepto que ignora realidades de contacto no es metodológicamente útil. Por el poder de la visión de ningún lugar o anonimato (Woolard 2007) y de la elisión ideológica (Irvine y Gal 2000) de las descripciones motivadas por el español atlántico, se borra la higiene verbal de los agentes que promueven los discursos de language spread (Phillipson 1992). Rodríguez Muñoz (2012 ) y Becker (2017 ) proponen su revitalización en la dialectología para subdividir áreas lingüísticas, pero este concepto nunca podrá identificar una realidad discreta, porque es un constructo de impronta neocolonial creado para naturalizar la supremacía de España en la gestión lingüística del español.